Emilio Estrada, diputado nacional por Salta, se encuentra en el centro de un escándalo político tras ser imputado por peculado y abuso de autoridad. Este acontecimiento ha generado un gran revuelo en la provincia, llevando a la fiscalía a solicitar su desafuero ante la Cámara de Diputados.
La causa en cuestión investiga el uso de fondos públicos para actividades que, según se alega, incluyen campañas de difamación en redes sociales. La situación se complica aún más tras su ausencia en una audiencia judicial crucial, lo que ha llevado a la fiscalía a tomar medidas más severas.
Detalles del Caso y Procedimientos Judiciales
La jueza federal Mariela Giménez ha decidido que el caso continúe en el Juzgado Federal N°2 de Salta, rechazando el intento de trasladarlo a Buenos Aires. Esta decisión ha causado sorpresa en la región, ya que el proceso permanecerá bajo la jurisdicción de la justicia salteña.
Durante la reciente audiencia, se discutieron dos solicitudes de inhibitoria, las cuales fueron rechazadas por la jueza. El fiscal federal Carlos Amad argumentó que la competencia debería mantenerse en Salta, y la jueza Giménez estuvo de acuerdo con esta postura.
Implicaciones de la Imputación
La causa está centrada en el uso indebido de fondos públicos para financiar lo que se alega son campañas de difamación en redes sociales. El fiscal ha indicado que la solicitud de desafuero se basa en violaciones a la Ley de Ética Pública, específicamente por abuso de autoridad y peculado de servicios.
Estrada enfrenta cargos por intimidación pública y peculado, y se sostiene que parte de la organización detrás de estas campañas se financió con recursos del Congreso. Esto se debe a que los salarios de al menos dos de sus asesores provienen del erario público nacional.
Próximos Pasos en el Proceso Judicial
La jueza Giménez ha anticipado que enviará el pedido formal de desafuero al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esto significa que el futuro político y judicial de Estrada depende de la decisión del cuerpo legislativo, así como de la continuidad del proceso en Salta.
La defensa del diputado ha expresado su intención de impugnar la resolución y ha solicitado una nueva audiencia. La situación sigue siendo tensa y se espera que continúe desarrollándose en las próximas semanas, con atención pública y mediática.
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia en el uso de fondos públicos y las implicaciones legales que pueden surgir de su mal uso. La sociedad salteña observa de cerca el desenlace de este escándalo y las decisiones que tomará la justicia en este ámbito.
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